Catamarca: crisis educativa y persecución contra la docencia
La crisis educativa en Catamarca no se expresa sólo en la cuestión de los salarios que no alcanzan, el deterioro de los edificios escolares o la pérdida de horas de clase. Se manifiesta también en una política de regimentación y amedrentamiento contra los docentes que reclaman, en las trabas para acceder al trabajo, en el desconocimiento de derechos laborales elementales y en una creciente intervención del Estado sobre la organización de la docencia.
El gobierno de Raúl Jalil, con su Ministerio de Educación y Trabajo bajo la conducción de Verónica Soria, busca así avanzar con el ajuste sobre las escuelas.
Persecución a la docencia
En este marco los medios dieron cuenta de una situación escandalosa, como resultado de una supuesta investigación por títulos con presuntas irregularidades en el Instituto de Educación Superior "Clara J. Armstrong", lo que abrió una crisis que involucra responsabilidades institucionales y administrativas que todavía no se han esclarecido.
El Ministerio de Educación informó inicialmente la detección de 35 títulos con inconsistencias, mientras las denuncias y ampliaciones de la investigación extendieron el alcance del caso. En este sentido, lo que corresponde investigar es quién emitió, registró, validó y controló la documentación cuestionada. Sin embargo, la respuesta ministerial avanzó sobre los docentes antes de que se determinaran las responsabilidades individuales. Más grave aún es la situación de Lucía Coronel. Ella misma hizo pública su situación luego de denunciar la apertura de un procedimiento presumarial y medidas que afectaban sus cargos y haberes. La docente rechazó las acusaciones y sostuvo que los títulos que le cuestionaban no habían sido obtenidos en el IES bajo investigación, sino en la Universidad Nacional de Catamarca.
El Ministerio procuró cubrirse respondiendo que la instancia presumarial era preliminar, pero la explicación no aclara de ninguna manera las medidas denunciadas ni justifica el proceder adoptado.
Luego de la defensa que realizó Lucia, miembro de Política Obrera y excandidata a diputada nacional en las pasadas elecciones, se presentó voluntariamente ante el fiscal y allí fue informada de que no estaba incluida en la denuncia penal, lo cual refuerza el cuestionamiento a la actuación ministerial, donde se tomaron decisiones administrativas por iniciativa propia, con consecuencias laborales concretas.
El Ministerio opera con el justificativo de una investigación como instrumento de persecución, con medidas anticipadas y sin responsabilidades debidamente establecidas.
La denuncia pública de Lucía, a su vez, permitió conocer otros casos de docentes afectados, algunos de los cuales habrían sufrido suspensiones directas de sus funciones. Tras las denuncias, algunas de esas medidas fueron revertidas. Se conocieron, además, situaciones de extrema gravedad en las que docentes atravesaron crisis personales, incluso intentos de suicidio.
La burocracia sindical, al servicio del Ministerio
En este cuadro, la conducción de SIDCA (CEA), integrante de la intersindical docente, decidió intervenir como querellante en la causa, realizando pronunciamientos públicos y reclamando sanciones ejemplificadoras contra los docentes, contribuyendo de esta manera a instalar la sospecha sobre la docencia antes de que se determinen las responsabilidades. La burocracia sindical actúa como intermediaria del gobierno y alimenta un clima de amedrentamiento, en lugar de defender a los trabajadores frente a decisiones arbitrarias.
La ampliación de las denuncias hacia supuestos certificados de capacitación irregulares profundiza esta orientación. Se trata de certificados reconocidos por el propio sistema educativo, que los docentes procuran hacerse de los mismos para mejorar su puntaje en los listados de orden de mérito y acceder al trabajo.
El Ministerio y la burocracia sindical pretenden desplazar el foco de las responsabilidades de los organismos que controlan el sistema hacia la docencia.
Trabajar sin cobrar, cargos vacantes y derechos recortados
La persecución convive con el incumplimiento del gobierno de obligaciones elementales. Hay docentes que trabajan durante meses sin percibir sus haberes por la demora en las altas; otros terminan sus suplencias y siguen esperando el pago. Incluso docentes jubilados desde 2024 aguardan y denuncian la demora de sus liquidaciones finales. Los haberes atrasados no son actualizados, sino que son liquidados a valores nominales. El nuevo sistema de altas no resolvió el problema: persisten las demoras y las deudas con la docencia se pagan, en ocasiones, en cuotas o con varios meses de atraso. El Estado pretende confiscar a los trabajadores mediante el bloqueo de sus haberes y la pérdida de valor de los salarios atrasados.
A esto se suma la reducción de las asambleas de opción de cargos a una frecuencia mínima. Los cronogramas de octubre y noviembre muestran una oferta insuficiente de asambleas en los niveles Primario y Secundario. Mientras existen vacantes por jubilaciones, licencias y movimientos de personal, cientos de docentes esperan una oportunidad laboral y numerosos estudiantes pierden clases por cargos sin cubrir. Se restringe así, simultáneamente, el derecho al trabajo y el derecho a la educación.
También se endurecieron los controles de Medicina Laboral y Reconocimiento Médico. Docentes denuncian licencias rechazadas o interrumpidas, aun cuando habían sido otorgadas, y cuestionamientos a certificados profesionales y a sus propios cuadros de salud. Bajo la órbita conjunta de Educación y Trabajo se empuja a trabajadores con afecciones importantes a presentarse en las escuelas para no perder sus ingresos o evitar sanciones.
Titularizaciones, listas negras y ajuste
La titularización incorporada a la paritaria tras las luchas autoconvocadas de marzo también se desarrolla bajo cuestionamientos. Se denuncia un procedimiento irregular que privilegia a sectores vinculados con la burocracia sindical y excluye o perjudica a docentes independientes que participaron de las movilizaciones como autoconvocados. Un trabajador técnico del Ministerio denunció públicamente la existencia de listas negras y la injerencia de la burocracia sindical en el proceso de titularizaciones. El acceso a la estabilidad laboral no puede depender de la afiliación, la obediencia a una conducción sindical o la participación en acuerdos con el Gobierno.
El Ejecutivo necesita que la burocracia recupere legitimidad frente a una docencia que la ha repudiado en distintas manifestaciones, para canalizar el ajuste en curso. Los recortes presupuestarios anunciados anticipan nuevas presiones sobre salarios, cargos, infraestructura y condiciones de enseñanza. En una provincia que depende de recursos del gobierno nacional, el gobierno provincial aplica una política de recorte y desmantelamiento educativo.
El caso de Bruno Corzo, docente imputado por su participación en una protesta, completa este cuadro por otra vía: la judicialización del reclamo colectivo. La persecución administrativa, la presión laboral y las causas judiciales convergen en un mismo objetivo: restringir la protesta, quebrar la organización independiente y someter a los trabajadores de la educación.
La salida está en organizar a la docencia desde las escuelas, defender a cada trabajador perseguido, exigir el pago de todas las deudas, la cobertura de los cargos, el respeto de las licencias y una titularización sin discriminación.
Frente al ajuste y la persecución, necesitamos asambleas autoconvocadas, coordinación de las bases y el desarrollo de una lucha de conjunto.
